03/09/2024 | Por Lic. Marta Ceja
Con el regreso de la democracia en 1983, Argentina inicia un camino para llevar adelante un
proceso de verdad y justicia ante los aberrantes delitos de lesa humanidad cometidos por el
último gobierno dictatorial.
En el juicio a los dictadores, del que participaron ex detenidos, familiares, personalidades de la
cultura y toda una sociedad comprometida, se llego a la detención y cárcel de los genocidas,
además de conocerse hechos que hicieron conmover a los argentinos y el mundo, que veía
como la sociedad se ponía de pie ante tanta barbarie y dolor, comprometiéndose al Nunca
Más.
Luego vaivenes políticos de la democracia hicieron que se asumieran acuerdos que nada
tenían que ver con lo pactado.
El año 2003, la asunción de un gobierno popular y comprometido con el pasado vivido, con una
mirada atenta y solidaria, se inicia un proceso de respeto a las bases del Nunca Más y se
incorporan a la gestión espacios de trabajo en búsqueda de hijos robados y de nietos nacidos
en cautiverio, para darles el derecho a su identidad.
Con esta premisa, se da fuerte apoyo a organismos de derechos humanos conformados por
familiares de las víctimas, y se pone en funciones plenas a la CoNADI -Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad- creada en 1992 y responsable de garantizar el cumplimiento de la
Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad.
La CoNADI recibe y atiende a las personas nacidas entre julio de 1974 y diciembre de 1983 en
Argentina que se presentan con dudas sobre su identidad. Se analiza la documentación
existente y, en caso necesario, se solicita al Banco Nacional de Datos Genéticos la realización
de pericias genéticas.
Pasan los años y como no podemos concebir muchísimos argentinos, en 2023 el voto gira
hacia una derecha recalcitrante, donde se empiezan a perder derechos adquiridos, una
violencia institucional y de represión inconcebible, una economía que destruye la estabilidad
familiar y el repudio absoluto hacia toda organización de DDHH.
En este marco, el actual gobierno disuelve la CoNADI, arguyendo que corresponde al
Ministerio Público Fiscal llevar adelante este tipo de investigaciones, las cuales quedan fuera
de la órbita del Ejecutivo.
Ante este hecho, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, luchadora
inclaudicable declara con justo conocimiento: “Esto es totalmente maligno. Están deshaciendo
una institución de muchísimos años. Es una vejación más que hace este gobierno a los
derechos humanos”
Se exponen argumentos que no terminan de convencer a quienes luchan por la verdad y
justicia y si a una postura de vaciamiento y el desconocer el derecho a la identidad.
Sumado a este hecho tan indigno, un grupo de Diputados de la Nación, visita a ex represores
en la cárcel argumentando que son hombres mayores “viejitos” detenidos y que perfectamente
podrían cumplir la condena en sus cálidos hogares.
Hacia donde vamos, que podemos esperar, ¿dónde queda la libertad que según declaman
avanza? y que en realidad no avanza, sino que propicia un retroceso hacia viejas prácticas ya
vividas y que sólo buscan una sociedad de pobres sin derechos y ricos más ricos, además de
desmantelar el Estado.
